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Por Roberto Rondo / Artículo semanal / 27 de mayo 2013
Desde la retirada de los rebeldes tutsis de la estratégica ciudad de Goma ubicada en Kivu del Norte, en el oriente de la República Democrática del Congo, y recuperada por tropas congolesas en diciembre, no se había producido enfrentamientos entre el M-23 y el Ejército. Sin embargo, el día lunes 20 de mayo se retomaron los enfrentamientos entre ambos bandos con el uso de morteros y lanzacohetes, lo que ha obligando a miles de pobladores a huir de la zona. Se piensa que esta nueva escalada de violencia es un intento de parte del M-23 por recuperar la ciudad de Goma.
En el 2006, cuando Joseph Kabila se convirtió en el primer presidente electo democráticamente de la historia de la República Democrática del Congo (RDC), muchos pensaron que finalmente la estabilidad había llegado al país, poniendo fin a un largo periodo de conflicto, “considerado el más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial, que había involucrado a tres grupos rebeldes, 14 grupos armados extranjeros, causado la muerte de 3.3 millones de congoleños y desestabilizado el centro de África”. [1] El conflicto actual, sin embargo, tiene sus raíces en el genocidio de Ruanda en el que la mayoría étnica de dicho país, los hutus, trataron de erradicar a la minoría que dominaba políticamente el país, los tutsi. El conflicto llegó a su fin en Ruanda cuando el presidente Paul Kagame, con el apoyo de soldados ugandeses, logró expulsar a las milicias hutus del país.
Sin embargo, esto no significó el fin del enfrentamiento entre ambas etnias: simplemente hubo un traslado de escenario hacia las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el oriente de la RDC. Existen en esa zona por lo menos cuatro facciones que luchan por el control del territorio: el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), una milicia conformada principalmente por tutsis conocida después como M-23; los remanentes de las milicias hutus que forman las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR); las milicias mai-mai compuestas por tribus locales; y finalmente el ejército congolés. [2]
Aquí, el rol de los países vecinos, Uganda y Ruanda, es relevante pues, aunque ambos países lo han negado, según los reportes de la ONU y de organizaciones independientes como el International Crisis Group, ambos gobiernos estarían brindando apoyo al M-23 tanto en armamento y entrenamiento militar como en provisión de alimentos y en apoyo logístico[3]. Las razones para esto serían de carácter estratégico-político y económico. En primer lugar, los refugiados tutsis, muchos de ellos ubicados en la RDC, formarían luego el M-23. Éstos tanto en Ruanda como en la RDC se unieron a los rebeldes en Uganda y fueron los que llevaron a Museveni, actual presidente ugandés, al poder. Desde entonces, los lazos entre los refugiados tutsis y el gobierno ugandés se han mantenido estrechos; un gobierno liderado por tutsis en la RDC, o al menos un control de facto de la zona oriental del país por parte de los tutsis, le daría una mayor influencia a Uganda sobre esa región. En el caso de Ruanda, cuyo actual presidente Paul Kagame llegó al poder tras una rebelión tutsi, su principal preocupación es que el FDLR, de conformación principalmente hutu, sigue activo en dicha región, aunque con mucha menor fuerza que en el pasado. Ello ha constituido una amenaza a su seguridad, puesto que desde la región oriental en conflicto de la RDC se lanzan ataques hacia Ruanda, generando el temor de que la guerrilla hutu, el FDLR, llegase a controlar efectivamente la zona.
Por otro lado, es imposible hablar de esta región del Congo sin mencionar que la región de Kivu, cuya capital es Goma, alberga una enorme cantidad de minerales estratégicos, tales como el oro, el tantalio, el tungsteno, el coltan, entre otros, que son codiciados no solo por las facciones antes mencionadas, sino también por Ruanda y Uganda. Dado el conflicto, tanto en Europa como en los Estados Unidos, grupos humanitarios han luchado para que los minerales provenientes de esta región no sean comprados por sus empresas o se informe a los consumidores si es que los productos que ofrecen las distintas empresas los usan. Ello ha hecho que surja un mercado negro para llenar los vacíos creados por las prohibiciones a la compra de los “minerales de conflicto”. [4] Así, en el aspecto económico tenemos que ambos países se benefician de los enormes recursos minerales provenientes de dichas zonas. Uganda, pese a no poseer importantes minas de oro, es uno de los principales exportadores africanos de dicho metal. Ambos países, gracias a su colaboración con el M-23, han obtenido rutas por las cuales se exportan los minerales provenientes de las zonas controladas por la guerrilla. Además, durante incursiones militares que ambos países han realizado en distintos periodos del conflicto han explotado los recursos naturales congoleños; en ese sentido la Corte Internacional de Justicia, en un fallo de 2005, encontró que Uganda había incumplido con “su obligación como potencia ocupante en el distrito de Ituri de evitar todo acto de saqueo, robo y explotación de los recursos naturales congoleños”. [5] De no existir el conflicto en la región y por ende no haber prohibiciones a la comercialización de dichos minerales, el gobierno congolés podría exportar dichos minerales con normalidad, sin apropiamiento alguno por parte de Ruanda o Uganda.
Podemos ver como ambos países fomentan en beneficio suyo la inestabilidad en dicha región. Sin embargo, cabe preguntarse cómo podrían dos países pequeños desestabilizar a un enorme país como la RDC cuyo tamaño es equivalente a toda Europa occidental. La RDC se ubica en 2012 en el segundo puesto en el Índice de Estados Fallidos, sólo por encima de Somalia. Además, presenta problemas estructurales que no han podido ser solucionados, a los que se le suma la corrupción generalizada, la poca legitimidad del presidente Joseph Kabila, pese a estar en el poder desde 2001, y la indisciplina de sus Fuerzas Armadas. La dificultad de controlar un territorio tan vasto y diverso por parte del Estado congoleño hace posible la interferencia de otros países en dichas regiones fronterizas.
Al respecto, autores como Jeffrey Herbst y Greg Mills siguieren que la comunidad internacional y en especial la ONU, quienes gastan 1 240 millones de dólares anualmente para mantener las misiones de paz en el país, deberían dejar de ver a la RDC como un país unitario, y en vez de buscar fortalecer un Estado congolés ficticio, dado que se desprende básicamente de las divisiones territoriales heredadas del periodo colonial, buscar el desarrollo y seguridad de sus regiones de forma independiente puesto que poseen las características y tamaño suficiente como para ser Estados independientes. [6] El 28 de marzo de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de una “nueva brigada de intervención” para la región oriental de la RDC. Aunque se espera que dicha fuerza logre debilitar de forma importante a la guerrilla, como hemos visto, la inestabilidad de la región trasciende los enfrentamientos y diferencias étnicas. La falta de un gobierno efectivo para la región genera que distintos grupos o Estados se beneficien del caos y contribuyan a mantenerlo.
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