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Por: Daniela Vidal González y Juan Camilo Bolaños Orejuela*

En julio de 2013 renace un partido político que se creía desaparecido de la contienda electoral, la Unión Patriótica (UP en adelante); que en cabeza de una de sus históricas militantes busca su consolidación nuevamente a través de la candidatura en las elecciones presidenciales del posterior año. Este acontecimiento entraña una importancia histórica para el análisis académico del conflicto, pues cabe recordar que la UP pretendía ser un mecanismo de exploración de la paz por medio de vías democráticas, pero que terminó convirtiéndose en un genocidio.

Este análisis, que tiene como telón de fondo el momento “coyuntural” que Colombia vive con el proceso de negociación política entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la “Mesa de Conversaciones. Diálogos de Paz” en La Habana, pretende dar a conocer el trasfondo de este partido político, dado que en su momento buscaba ser “la voz de los insurgentes, un medio a través del cual las FARC-EP podrían poner a pruebas sus ideas en las urnas” (Dudley, 2008:24). Adicionalmente propone corregir ciertos errores y brindar garantías de no-repetición en los diálogos actuales, es decir, subsanar algunas acciones que pudieron no coadyuvar en la transformación de aquel  conflicto y que es necesario no repetir en el proceso de diálogos  en La Habana, Cuba.

¿Cuál es la historia de la UP?

La UP nace como resultado de los esfuerzos del presidente de turno Belisario Betancur (1982-1986)  y las FARC- EP, quienes el 28 de marzo de 1984, tras comprometerse en los acuerdos de La Uribe, departamento del Meta; asumen importantes compromisos,  primordialmente la amnistía aprobada en la Ley 135 de 1982.

Captura de pantalla 2015-10-17 a las 12.00.31 a.m.Sin embargo, los propósitos de esta construcción de paz resultaron trágicos, se formaron alianzas entre sectores del Estado, paramilitares y narcotraficantes contra la UP; emprendieron una llamada Guerra Sucia organizando escuadrones de muerte, desapariciones y listados nacionales con amenazas. En los municipios de Remedios y Segovia (nordeste del departamento de Antioquia) se dan 14 masacres y se llevan a cabo  planes como el Esmeralda en 1988, la Operación Cóndor (1985), el  Baile Rojo (1986), el plan Golpe de Gracia  y el plan Retorno (1993).

Estos acontecimientos comportaron consecuencias contrarias a la construcción de la paz con la UP: un exterminio que inició desde la fundación del partido mismo. Tal como Iván Cepeda lo declara en el artículo “Genocidio Político: El caso de la Unión Patriótica en Colombia”, un escrito donde hace referencia al “Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, en el que se afirma que “desde la fundación del partido, en 1985, han sido asesinados más de 1.500 de sus miembros”. 

Captura de pantalla 2015-10-17 a las 12.01.17 a.m.La causa de estas masacres se debe -en parte- a la acogida que tuvo la UP en el país, en las elecciones de 1986 contaba con la representación de: 23 alcaldes, 14 congresistas, 3 senadores -dos eran comandantes de las FARC- entre ellos Iván Márquez (actual plenipotenciario en la mesa de negociaciones de la Habana, Cuba), 18 diputados para 11  asambleas departamentales, 335 concejales para 187 concejos municipales y Jaime Pardo Leal quien participaba como Candidato Presidencial del partido y obtiene 328.752 votos, es asesinado por manos de paramilitares y agentes del Estado en 1987.

Finalmente, el 27 de marzo de 1990 muere Bernardo Jaramillo (presidente de la UP), provocando la fragmentación del partido y el exterminio del mismo. Su final político llegaría con el asesinato del senador Manuel Cépeda Vargas y el posterior atentado en mayo de 1996 a una de sus principales dirigentes. Este exterminio dejó más de 5000 personas entre asesinadas y desaparecidas, muchos de estos casos se encuentran actualmente en la impunidad, según datos de la fundación RENACER.

Pese a todo lo ocurrido, en el año  2010 comienzan a determinarse y juzgarse los actos genocidas cometidos contra la UP. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara  la sentencia del Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, y responsabiliza de la muerte del Senador Cépeda al Estado, por la violación del derecho a la vida y específicamente compromete de forma material a dos suboficiales, además de la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales. Luego, en el 2013 el Consejo Nacional Electoral le devuelve la personería jurídica a la UP como medida de reparación.

¿Cuál es el aporte al proceso actual?

Cabe resaltar que la experiencia de la UP tiene una importancia sustancial en este momento para el proceso de construcción de la paz en Colombia, que es inevitablemente transversal a la “Mesa de Conversaciones. Diálogos de Paz” en la Habana, Cuba. En el sentido de que ésta representa una propuesta que contempla la participación política para la insurgencia, y es en esta medida en la que el genocidio de la UP se comporta como una clara experiencia que no debería generar inseguridad en el proceso, sino contribuir a la confianza de las partes, bajo las  claras garantías de no repetición.

Captura de pantalla 2015-10-17 a las 12.01.49 a.m.No obstante, en el segundo informe conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz entre el gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, donde se relaciona el punto dos de la agenda: “participación política”, se  visualizan ciertos aspectos sobre los cuales es posible inferir que existe una concreta conciencia de los hechos ocurridos con la UP, y de esta manera se busca construir tal evento bajo el perfeccionamiento de los procesos de participación política anteriores.

Captura de pantalla 2015-10-17 a las 12.02.18 a.m.En primera medida, el genocidio de la UP coloca sobre la mesa un necesario plan de seguridad para aquellos que proscriban la violencia como un medio para ejercer la política y determinen transitar hacia los escenarios de la acción política legal, para que de esta forma puedan integrarse garantemente como oposición política y social. Adicionalmente, es fundamental corregir errores, ejemplo de ello es que la participación política no puede estar acompañada por la violencia como procedimiento político, sino que el silencio de los fusiles debe ser determinante para la proscripción de la guerra y la efectiva construcción democrática. En este sentido, es pertinente que el actual proceso de construcción de la paz, haya definido lo siguiente:

“La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.”

Por último, es imperioso asumir que los procesos de construcción de la paz deben tener una mirada a largo plazo, como una transición que incluye aspectos de financiación, divulgación y estímulo para las fuerzas políticas que circulen hacia la participación institucional; pues en el caso de la UP, el cambio de gobierno afectó disposiciones legales de garantías para las FARC, generando finalmente los exterminios más dolorosos  y el final del partido.

Reflexión Final

 “La memoria es fundamental en todo tiempo y más en este tiempo de guerra y de conflictos, porque la memoria es el antídoto contra la impunidad por un lado, y por el otro, la memoria es el insumo a partir del cual se va a conocer la verdad, se va a hacer justicia, se va a dar reparación y es la fuente para construir otro país. Si nosotros olvidamos, sobre qué vamos a levantar otro país”

(Yezid Campos- Director Documental El Baile Rojo)

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

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Betancur, Belisario. (1986). El compromiso de la paz. Bogotá D.C., Banco de la República Departamento editorial.

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*  Daniela Vidal González y Juan Camilo Bolaños Orejuela son estudiantes del programa Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, Cali. Colombia.